¿Quién quiero que hoy gane la Champions?

Julio Sánchez Mingo

 

¿Quién quiero que este sábado gane la Champions? ¿El Madrid o el Borussia?

Desde niño fui seguidor de los merengues. La primera vez que acudí al Bernabéu —el viejo Bernabéu, con miles de localidades de pie—, fue con mi padre. Yo era un chaval y me llevó a ver un Madrid-Córdoba de Liga. Ganaron los madrileños por 5-3 y jugó Di Stefano, que metió alguno de los goles. Un grandísimo jugador, ya entonces en declive, que dio muestras de su excepcional calidad. También un visionario, que llamaba La fábrica al estadio. Con catorce años me hice socio infantil junto con otros compañeros del colegio y aguanté hasta junio del 77, cuando me dí de baja porque los partidos me parecían soporíferos. Fueron más de diez años pasando frío o calor, mojándonos si llovía o nevaba —el público llegaba a encender fogatas en las gradas para calentarse—, de pie, en el Fondo Sur. Aunque si el campo no estaba muy lleno, en la segunda parte nos colábamos en las localidades de asiento del Segundo Anfiteatro de Preferencia, el graderío que daba a Castellana. Ahora las autoridades y paniaguados ocupan el costado que mira a Padre Damián, donde estaba la demolida piscina. Allí aprendió a nadar, con muy buena técnica, un excelente y cercano amigo, casi un hermano, a lo que ha sacado mucho fruto el resto de su vida. Su madre siempre estuvo orgullosa de haberlo enviado allí, a las instalaciones de un club deportivo de campanillas.

Si por todo ello fuera, por mi amigo César, por Antonio Arias, por la ilusión que albergan tantos niños de todo el mundo, preferiría que ganara el Madrid, aunque lamentaría el disgusto de los críos alemanes.

Pero… ahora todo ha cambiado y los sentimientos de unos y de otros no cuentan.

Lo que es bueno para las arcas y los éxitos del club —porque legalmente sigue siendo un club deportivo— que dirige el taimado empresario Florentino Pérez, es malo, muy malo para la ciudad y sus habitantes. Y lo es con la colaboración de su lacayo, el alcalde Ameida, y toda la estructura del ayuntamiento puesta a su servicio.

Todo empezó a torcerse en 2001 con la recalificación de la Ciudad Deportiva de la Castellana que Pérez consiguió arteramente gracias a sus influencias políticas —hasta Aznar, entonces presidente del Gobierno, intervino—. Era un conjunto de instalaciones deportivas y zonas verdes modélicas, un pulmón al norte de Madrid, que a todos beneficiaba y a nadie molestaba. En su lugar se han ido construyendo hasta cinco torres de gran altura, congestionando la zona y disparando los niveles de contaminación. Por aquel entonces ya estaba gestándose en su proximidad la Operación Chamartín, el soterramiento de las vías del mayor nudo ferroviario de España, para levantar sobre ellas miles de oficinas, viviendas y locales comerciales, con unas ridículas zonas verdes como premio de consolación para la ciudadanía. Un auténtico dislate que, si sumamos el pelotazo de Pérez, se convierte en una atrocidad.

Esa recalificación dio alas a nuestro protagonista para convertir un club de fútbol histórico en un gran negocio del espectáculo que pasa por encima de los intereses de los madrileños y altera negativamente la ciudad.

A mí me molestó especialmente que se empezaran a celebrar los triunfos —gestas deportivas como reza su histórico himno— de la institución en Cibeles. En medio de la histeria colectiva, se agrede un monumento histórico, se pisotean y destrozan los ajardinamientos de los paseos del Prado y Recoletos, la gente se encarama a los árboles. Ninguno de los sucesivos alcaldes, en un alarde de demagogia y populismo, se ha atrevido a plantarse y terminar con ese despropósito. ¿Por qué no acuden en masa a celebrar y divertirse al propio Bernabeu o a la ciudad deportiva de Valdebebas? En mi época de socio, hubo un año en que el equipo ganó la Liga. En el último partido del campeonato, miles de forofos saltamos al terreno de juego a celebrarlo con los jugadores. Los grises no lo impidieron. Eran pocos y, sentados en una banqueta, se entretenían mirando plácidamente el desarrollo de los encuentros. No como hoy en día en que hay centenares de vigilantes de seguridad mirando hacia la grada. Se destrozó el cesped. Al bueno de Calpe, el Carvajal de entonces, le hicimos jirones la camiseta. Conociendo el percal, aguantó la situación con paciencia, cara de susto y, yo creo, de fastidio.

La ambición y codicia de Florentino no tienen límites. Su ampliación del Bernabéu ha convertido ese espacio en un gigantesco recinto dedicado a factoría de música industrial —actividad ajena a las prácticas y competiciones deportivas—, situada en un barrio residencial, ya de por sí bastante saturado. En cualquier lugar, las industrias nocivas y contaminantes son erradicadas de los núcleos de población. Menos en este caso. El proyecto incluye la construcción de dos aparcamientos y un túnel que implica además la tala de casi un centenar de árboles. Todo trufado de irregularidades en la tramitación urbanística y la ejecución, que huele, por lo menos, a corrupción, prevaricación y tráfico de influencias De momento, la semana pasada, un juzgado ha parado esta parte de la obra a petición de los vecinos damnificados, con frases de la sentencia verdaderamente demoledoras. A pesar de ello, el municipio y el Madrid recurrirán.

Para más inri, un día de mayo de 2023, eldiario.es reveló la existencia de un informe del ayuntamiento donde sus propios técnicos desechaban el proyecto. No es que fuera un análisis muy crítico con sus jefes, pero incluía dos términos, en contradicción e incompatibilidad, que fueron un jarro de agua fría a los planes de la alcaldía. Cuando los vecinos perjudicados solicitaron el expediente, el documento había desaparecido.

Mientras tanto, la planta, la cadena de producción, ha empezado a funcionar. Se celebran conciertos multitudinarios, como los dos de Taylor Swift de esta semana. Las calles adyacentes se ven inundadas de gigantescos camiones que alimentan la fábrica, se cortan las vías cercanas y residentes, oficinistas y escolares tienen dificultades para acceder a sus viviendas, centros de trabajo y aulas. Y… el ruido. Un ruido insoportable que, en los ensayos durante todo el día, en la tarde noche durante las actuaciones, martiriza a todos, a la gente que en sus casas tiene que gritar para poder entenderse y no puede ni ver la televisión ni descansar, a los estudiantes que no pueden concentrarse en las explicaciones de sus profesores y a aquellos que se están ganando el sustento. Las vibraciones son tan intensas que el otro día a un paciente mayor no hubo manera de tomarle la tensión en el centro de salud de la calle Segre, a 200 metros de distancia, porque las ondas acústicas interferían con el tensiómetro.

Según la Ordenanza Municipal de Protección contra la Contaminación Acústica, el máximo permitido de emisiones al exterior durante la noche no puede superar los 58 dB. En horario de mañana o tarde el límite aumenta a los 63 dB. En la calle Concha Espina, 8, frente al Fondo Sur, las mediciones efectuadas durante un concierto ofrecido por Telefónica hace pocos días registraban 84 dB con la ventana abierta y 68 dB con la ventana cerrada. Nótese que la escala del ruido en decibelios es exponencial, lo que implica que cada 3 dB se duplica el nivel de ruido.

El estadio opera con una licencia para uso deportivo privado pero, para los conciertos, el club solicita un permiso especial que el Ayuntamiento de Madrid avala y el Gobierno regional autoriza. ¿No es esto prevaricación?

Hay un detalle muy preocupante. Según informa Jacobo García en El País del pasado lunes 27 de mayo: “… Los cuatro mejores bufetes de abogados de Madrid, despachos con nombre de apellidos compuestos, rechazaron el caso de los vecinos quejosos del Bernabéu en su lucha contra Florentino Pérez y el Ayuntamiento de Madrid, según reconoce Enrique Martínez de Azagra, portavoz de la Asociación de Vecinos Perjudicados por el Bernabéu, que llamó a la puerta de todos esos despachos. Peleaban no solo contra uno de los hombres más poderos de España, sino contra una Administración que ha hecho del nuevo Bernabéu su seña de identidad. La punta de lanza de la Marca Madrid. Tampoco fue fácil movilizar a un barrio madridista por los cuatro costados, acostumbrado a celebrar con su estadio cada victoria blanca… (sic)”.

El colmo del cinismo y la tomadura de pelo lo ha protagonizado esta semana Carabante, concejal, entre otras áreas, de Medio Ambiente.

Según ha declarado, todos los espectáculos que se han celebrado estos días en el Bernabéu han superado los límites sonoros y están expuestos a sanciones. Éstas serán impuestas a los promotores musicales, pues son ellos los que solicitan las autorizaciones. Los importes de las mismas oscilan entre los 600 y los 300.000 €, de acuerdo con el artículo 62 de la Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y ha precisado que las multas que se van a proponer, como muy graves, alcanzarán los 20.000 euros. Estimando a la baja, la recaudación de un solo concierto de la showwoman gringa, que nos ha visitado esta semana, ha sido de 6.500.000 €, lo que supone castigar con un ridículo 0,38 %. El coste de su alojamiento en una suite del Villamagna ha ascendido a 25.000 € por noche.

El plan del Madrid es ofrecer un mínimo de 200 conciertos al año.

Me pregunto si no nos hemos vuelto locos. ¿Cómo se puede llegar a situaciones como la presente? ¿Es esta la ciudad que queremos y la convivencia que buscamos, a costa del sufrimiento ajeno?

Y me duele que dirigentes que deberían ser modélicos, espejos en los que reflejarse y guías a seguir, manipulen los sentimientos de la gente y, además, enloquezcan y sacrifiquen todo por adorar al becerro de oro.

España, un país esclavista

Julio Sánchez Mingo

 

 

En contra de lo que muchos de sus ciudadanos piensan, España fue un país esclavista, que sometió a indios y negros, comerció con ellos y los explotó hasta la muerte en las posesiones de ultramar de la Monarquía Católica.

A pesar de las teorías del padre Vitoria y sus doctrinas sobre el derecho de gentes, que llevaron a la promulgación en 1542 de las Leyes de Indias, que establecían que los indios eran seres humanos libres y los ponían bajo la protección directa de la Corona, convirtiéndose en unos súbditos más del monarca, el ejercicio de la esclavitud en las colonias españolas se prolongó, con la trata de africanos, hasta bien entrado el siglo XIX. En Cuba en concreto, no llegaría la abolición definitiva y completa de este crimen contra la humanidad hasta 1886. Cuando esta aberrante práctica se suprimió en Puerto Rico en 1873, en la Perla del Caribe había casi 400.000 esclavos. A partir del establecimiento de dichas leyes de Indias, tampoco el trato dispensado a los nativos americanos por parte de criollos, colonos y terratenientes distó mucho de la esclavitud pura y dura. Minería y agricultura empleaban a trabajadores en condiciones de sometimiento absoluto.

En 1807, el Reino Unido prohibió en todos sus territorios el tráfico de seres humanos mediante la conocida Abolition Act, y, en 1833, hizo ilegal la compra o la propiedad de esclavos dentro del Imperio británico, con la excepción de Ceilán, Santa Elena y las circunscripciones administradas por la Compañía de las Indias Orientales. El dinero y otros intereses siempre estuvieron y están por encima de principios, ética y moral.

La presión británica hizo que la Corona española suscribiera un tratado bilateral en 1814 por el que se prohibía el comercio de esclavos, pero fue papel mojado y condujo a que los negreros subieran el precio del fardo y aumentaran el número de mujeres de cada flete para asegurar el mantenimiento de la especie. Los intermediarios, es decir, tratantes, armadores, capitanes e incluso marineros multiplicaron por diez sus ingresos en comparación con sus análogos de la flota mercante. A pesar de sus múltiples riesgos, era un pingüe negocio, como hoy en día el narcotráfico.

La abolición legal de la esclavitud en la España peninsular llegó en 1837, pero no a los territorios de ultramar. No se podía contrariar a los poderosos compradores de carne humana que se utilizaba en el campo y la manufactura.

Según relata Alfonso Mateo-Sagasta en su magnífico volumen Nación. La caída de la Monarquía Católica. Crónica de 1808 a 1837, en 1811, en las Cortes de Cádiz, se discutió sobre la abolición de la trata. A uno de sus adalides, Argüelles, inspirado, entre otras, por la obra de Cadalso Cartas Marruecas, se opusieron los representantes de los intereses de la Iglesia y de los latifundistas sacarócratas, que cínicamente manifestaban que la esclavitud es un instrumento divino que permite a los negros civilizarse, redimirse de su condición inferior y salvar su alma. Todo terminó en un fiasco, pues aunque el decreto abolicionista fue aprobado por unanimidad, no se reguló su desarrollo y cumplimiento. Como dice Mateo-Sagasta: “A las Cortes se les da bien predicar, pero no dar trigo”. El texto definitivo de la Pepa dictó que la nación española era la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios, que eran los varones avecindados, católicos y nacidos libres, lo que incluía a indios y mestizos bautizados. ¿Y los negros, tanto libres como esclavos? Con argumentos falaces, en la práctica no se los tuvo en consideración. Lo mismo se hizo con las mujeres, la mitad de la población.

Algún miembro destacado de la Monarquía Católica, como María Cristina de Borbón-Dos Sicilias —nieta de Carlos IV, viuda de su tío el rey felón Fernando VII, madre de Isabel II, reina gobernadora durante la minoría de edad de su hija, que hubo de ceder la regencia a Espartero y partir al exilio por sus escándalos de corrupción—, fue una conspicua negrera. Junto a su segundo marido Agustín Fernando Muñoz Sánchez, ennoblecido por ella como I duque de Riánsares, estableció en Cuba negocios relacionados con el comercio de hombres y mujeres y con los ingenios azucareros —que requerían mucha mano de obra, especialmente durante la zafra—, aunque los mayores beneficios los obtenían de la trata de esclavos. Cuando tal práctica ya era ilegal, se asociaron con el político y traficante de personas Julián Zulueta, para, entre 1845 y 1849, fletar dos buques de gran calado para el transporte transatlántico de cargas humanas, donde hacinaban a centenares de pobres desgraciados.

Añade Mateo-Sagasta que durante el viaje trasatlántico se les cortaban las uñas a los fardos de carbón para limitar las heridas que se infligían entre ellos en las peleas que se desataban en los sollados por conseguir espacio y aire. Previamente se les marcaba con hierro al rojo. Las pocas mujeres y crías que transportaban eran estibadas en cubierta, junto a las amuras. Los varones permanecían en los entrepuentes, amontonados y engrillados por parejas, sentados en hileras, uno entre las piernas de otro. Los cargamentos eran de unos cuatrocientos a seiscientos negros jóvenes, a ser posible varones, de no más de veinticuatro años de edad. Hubo fletes de adolescentes e, incluso, de niños de alrededor de siete años. El índice de mortalidad durante el traslado casi alcanzaba el 15%. Los tiburones seguían a los barcos negreros tras su estela de muerte y pestilencia, como si fueran bancos de atunes. Cuando una goleta negrera era acosada y alcanzada por un navío de la Royal Navy que vigilaba el cumplimiento de los tratados abolicionistas —como el célebre HMS Black Joke—, su capitán ordenaba desembarazarse de sus infelices prisioneros, arrojándolos al agua. Al ser apresada y registrada, los marinos británicos sólo podían comprobar la existencia a bordo de avituallamiento suficiente para quinientos hombres durante veinte días, grilletes en todo el perímetro de la bodega, las tomas de ventilación cegadas con rejillas de hierro y percibir un hedor insoportable. Pero, al no haber carga, no había delito.

La vida de un esclavo en un ingenio cubano era una pesadilla. En pie a las cuatro de la mañana, a las seis ya estaba cortando caña en el campo, hasta mediodía. Al toque de campana, se distribuía el salcocho, unas gachas de harina de maíz con boniato, plátano y cecina o bacalao. Tras la pausa del almuerzo, volvía a la faena hasta las cuatro, cuando regresaba al ingenio siempre cargado con forraje para las caballerías, racimos de plátanos verdes, calabazas, haces de leña o palmiche para los gorrinos. Si se desmandaba a juicio del mayoral, incluso levemente, restallaba el cuero en sus lomos. Si la falta era grave, recibía un bocabajo de veinticinco o cincuenta vergajos que terminaba con su espalda en carne viva, que había que curar con compresas de sal, orina y hojas de tabaco. Hasta medianoche, en el trapiche, se prensaba la caña para obtener el guarapo, que se trasegaba hasta las pailas donde se ponía a hervir. En la sala de calderas, el calor y el humo negro y pegajoso hacían el aire irrespirable, adormecía a los esclavos y, por tanto, eran frecuentes los accidentes. Quinientos hombres, exhaustos, podían ser manejados por un mayoral y cuatro ayudantes. Su única esperanza era la muerte.

En Cuba siempre se obró para sortear los convenios de abolición. Cómplice era el capitán general de la isla, que miraba hacia otro lado, consentía el desembarco y distribución de esclavos y se embolsaba una comisión de dieciséis dólares por cabeza. La Habana era una ciudad de mansiones, teatros a la última y lujosos bailes. Una sociedad de esclavistas y negreros, entre los que destacaba el afamado Pedro Blanco, a la que se unió la corrupta María Cristina con su guardia de Corps, con el que había contraído matrimonio morganático al poco de enviudar del rey de las Españas, como se ha indicado más arriba.

En Cuba y Puerto Rico, las damas de la alta sociedad pujaban por comprar esclavas negras, jóvenes, sanas y recién paridas, con cría o sin cría, para utilizarlas como nodrizas de sus propios vástagos. Con el tiempo, una vez cumplida su misión, se las alquilaba como sirvientas, costureras o, nuevamente, como amas de leche.

Para garantizar las rentabilísimas producciones de azúcar, café y tabaco, la Constitución de 1837 rindió sus afanes igualitarios. No queriendo prescindir de los suculentos ingresos que ofrecían las Antillas a la ruinosa caja de la hacienda pública española, se optó por declararlas colonias de la nueva nación, no provincias, y perdieron su condición de bienes patrimoniales de la vieja Monarquía Católica. A partir de entonces, se rigieron por leyes especiales, no siendo de aplicación la Constitución, lo que permitió mantener la esclavitud en su territorio.

Bueno es que conozcamos lo que somos y de dónde venimos. No es de extrañar que escuchemos: “Mi jefe es un negrero”, o que cuando alguien se comporta de forma prepotente se le diga: “Anda, no me seas negrero”.

 

Impuestos

Julio Sánchez Mingo

 

Artículo 31.1 Constitución española.

Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

La deuda pública española gira alrededor del 120% del PIB. Todos los años machaconamente se repite un déficit de un 4%, tanto si la economía crece como si se contrae. La presión fiscal en España está un 6% por debajo de la media europea. Nuestro sistema tributario no es eficiente, ni redistributivo y tampoco es progresivo, por lo que la Constitución se convierte en papel mojado. Según datos publicados, el 20% de los colectivos más pobres sólo reciben el 12% de las transferencias del sector público. Se prima mucho a la gran empresa, cuya fiscalidad, con deducciones y desgravaciones varias, roza lo ridículo. La contribución al impuesto de sociedades de las grandes compañías españolas que cotizan en Bolsa (que el pasado año obtuvieron los mayores beneficios de su historia) se ha visto reducida, desde 2007, a menos de la mitad. Según Capgemini, los ricos son cada vez más ricos. Sus activos alcanzaron el año pasado 686.000 millones de euros, lo que supone un 5,3% más que en 2020. Estas cifras españolas son parecidas a las de los países de Europa del Este e impropias de la que se supone es la cuarta economía de la zona euro. Y, sin embargo, tampoco se reducen gastos superfluos como, por ejemplo, obras sin sentido, las millonarias subvenciones a los partidos políticos, que deberían vivir de las cuotas de sus militantes, o los ingentes salarios de los asesores que cada facción política nombra cuando ocupa el poder. Un ejemplo. Del gobierno catalán dependen 500 cargos, directivos de entes públicos y asesores que se embolsan 45 millones de euros anuales, unos 90.000 euros por puesto, por encima del salario del presidente del Gobierno o los ministros. Parte de ese dinero va a engrosar las arcas del partido que los elige, que recibe un porcentaje del salario de los afortunados que ocupan poltrona tras ser elegidos por la cúpula de la formación correspondiente. Siempre se recortan los servicios públicos críticos para el bienestar de los ciudadanos o la naturaleza, los que realmente importan, como el número de bomberos forestales, que además están muy mal pagados, a pesar de los incendios del verano pasado. O no se contrata a las más de 100.000 enfermeras que el sistema requiere. Las administraciones públicas tienen una tendencia desmedida al gasto a muy corto plazo, pan para hoy y hambre para mañana, en lugar de promover inversiones que creen riqueza. Tampoco manejan el concepto del buen mantenimiento de infraestructuras e instalaciones. Algo bien cuidado dura una eternidad y no hay que recurrir a onerosas sustituciones prematuras. Yo estoy escandalizado con las absurdas obras del ayuntamiento de Madrid.

La triste realidad es ésta. A pesar de ello, seguimos discutiendo unos y otros sobre si lo más apropiado es bajar o subir impuestos, una polémica más ideológica que racional, cuando lo propio es tener claro lo que se quiere hacer y hasta donde se quiere llegar, ver lo que cuesta y ajustar la fiscalidad de forma consecuente. ¿Aspiramos a vivir como en el norte de Europa o, por el contrario, mantener a duras penas el estado del bienestar y reducir algo la terrorífica y perversa desigualdad que empieza a abrumarnos? No debemos olvidar que la deuda hay que pagarla y que, con la inflación desbocada, cada día su carga es mayor.

Miremos un poco atrás. Nuestro Aznar, el ínclito e inefable hombre de las Azores, basándose en la curva de Laffer, siempre ha defendido, incluso en los últimos días, reducciones de impuestos. Según dicha teoría, al haber más capital circulando, se favorece la inversión, la creación de riqueza y puestos de trabajo, en definitiva, el crecimiento económico, lo que redunda a la larga en una mayor recaudación tributaria. La experiencia ha puesto de manifiesto que ese planteamiento, que aplicaron Reagan y Thatcher, se mostró ineficaz para mejorar los ingresos públicos y desembocó en déficits y deudas astronómicas y en un notable aumento del desempleo. Y Rajoy hubo de subir impuestos en 2012 a pesar de haber prometido en la campaña electoral previa que los bajaría.

Con todo ello, varias comunidades autónomas españolas, de distinto signo político, han emprendido una loca carrera por la reducción de tributos, donde las gobernadas por la derecha destacan por su apoyo descarado a las rentas y patrimonios altos. Y en Reino Unido, la semana pasada, Truss anunció una salvaje disminución de la carga fiscal, que beneficiaba muy especialmente a las clases más pudientes, lo que provocó un desplome de la libra, que hubo de ser rescatada por el Banco de Inglaterra, protestas generalizadas y una dura reprimenda del FMI. En paralelo, Philip Lane, el economista jefe del BCE, propugnaba subir impuestos a los más ricos, a aquellos con mayores ingresos y a las empresas más rentables y proteger a los más vulnerables. Resultado: esta semana la inquilina del 10 de Downing St. ha tenido que desdecirse, aunque lo ha hecho sólo en parte. A principios de esta semana, el consejero delegado de Shell, la mayor petrolera del mundo, ha animado a los Gobiernos europeos a imponer gravámenes adicionales a las empresas del sector para, con lo recaudado, ayudar a los segmentos más débiles de la sociedad.

Conociendo el percal, dada la calidad de nuestros gobernantes y la mala gestión de nuestras administraciones central, regionales y locales, creo que los servicios públicos serán peores y que, de una manera u otra, nos tocará pagar más por todo¹. Sánchez, Calviño y Montero, chicos obedientes y aplicados, harán lo que les indiquen desde el BCE y la Comisión Europea. De lo contrario, la debacle podría ser absoluta.

P. D. No es lo mismo tener ingresos muy elevados que atesorar un gran patrimonio. Gravar ambos no es doble imposición.

¹ Sigue teniendo vigencia mi artículo de abril de 2021 Bájenme los impuestos que quiero pagar más.

 

Calentarnos o abrasarnos. Qué hacer con los biocombustibles agroforestales

Carlos García Delgado

Ante la reciente ola de grandes incendios que estamos registrando en España, surge una cuestión colateral a la más urgente, grave y angustiosa de la perdida de vidas y terribles daños y perjuicios económicos, a los ecosistemas y al tejido social, pero también importante: el desperdicio de una energía especialmente valiosa y escasa.

Aunque la biomasa es biodegradable, no lo es instantáneamente. Si no se retira la que el monte produce en exceso cada año, una vez que ha llegado a su espesura óptima —la que permite vivir con buena salud a todos los arboles de un monte con los recursos de agua, minerales y biológicos de su ubicación—, los arboles vivirán menos y peor, serán más susceptibles a plagas e incendios y, además, la materia muerta se irá acumulando.

Según los cálculos de los expertos, debido a la sobreacumulación de biomasa en nuestro montes por una insuficiente gestión forestal, que aumenta exponencialmente el riesgo de incendio, la potencia calorífica que se genera en cada metro de frente de llama de un incendio supera ya en muchos casos los 60.000 Kilovatios e incluso, como en el caso del incendio de la Sierra de la Culebra, llega a los 90.000 Kilovatios. Si ese frente de llama persiste durante una semana puede llegar a producir hasta más de 15 Megavatios hora de energía. ¿Cuánta energía es esa? Comparémosla con la que una familia consume en España cada año en promedio, unos 10.000 kilovatios hora. Es decir, la energía producida por ese incendio será equivalente a la que consumen algo más de 1.500 familias… Da que pensar ¿no? Y solo hablo de un metro de frente de llama, si hablamos de varios centenares o incluso varios kilómetros las cifras se disparan...

¿Cuánto se podría aprovechar de esa energía? La tecnología actual de calderas de biomasa permite aprovechar entre un 75%-90%, pero si se utilizan calderas de condensación —que recuperan el la energía latente en el el vapor de agua y gases que se desprenden durante el proceso de combustión—, el rendimiento puede llegar hasta el 109%.

Evidentemente no se trata de utilizar toda la madera del bosque para este propósito, solo la sobrante por exceso, daño o decrepitud, que puede suponer aproximadamente entre un 3 y un 10% del total de las existencias de un monte —rara vez es mayor en España— una vez llegado a su plenitud si se dedica a este propósito, e incluso mucho menos si la madera se dedica principalmente a otros fines (construcción, industria etc.). Por otro lado, el monte debe cumplir muchas otras importantes funciones además de producir biocombustibles como sanear el aire, permitir la vida silvestre, proveernos de frutos y madera, disfrutar de su paisaje y entorno, facilitar la caza y la pesca, conservar en buena salud los cursos fluviales y protegernos de la erosión y los corrimientos de tierras, entre otros. Si el monte está bien gestionado y las condiciones climáticas acompañan —con olas de calor y sequias como las actuales es muy difícil— todo eso se puede conseguir a la vez. Pero para ello es necesario retirar ese pequeño sobrante que el monte no puede reciclar cada año y darle un buen uso.

¿Qué nos cuesta más, dedicar un poco más de recursos a mantener en buena salud nuestros montes, aprovechando además de manera sostenible su biomasa residual para calentarnos, o estar sufriendo todos los años cuantiosísimas perdidas de todo tipo? La naturaleza por si sola no recicla a tiempo, hay que ayudarla para que no lo haga como ha hecho antes de la llegada del hombre —a base también de grandes incendios, como demuestran lo registros fósiles y otras técnicas— y aprendiendo de nuestros errores del pasado —por exceso y por defecto—. ¿Queremos calentarnos o abrasarnos? Esa es nuestra decisión.

Carlos García Delgado es responsable técnico del Sector de Edificación y Obra Civil en CTA, Corporación Tecnológica de Andalucía.

 

De árboles y sanidad

Julio Sánchez Mingo

La jacaranda de Helenita. J. S. M.

El pasado martes 10 de agosto leí dos artículos, publicados ese mismo día, sobre sendos temas que desde hace bastante tiempo ocupan mis desvelos. Uno, de Manuel Jabois, versa sobre los árboles, su utilidad, significado y magia. El otro, de Sergio del Molino, glosa las virtudes de la sanidad pública, el milagro social que comporta y las amenazas que la acechan.

Entresaco algunas líneas de ambos textos. Dice del Molino: “Cada dosis del medicamento que me inyecto para mi enfermedad crónica e incurable cuesta 1.246,48 euros. En la primera fase de tratamiento necesito un vial cada semana (luego, uno cada cuatro), por lo que este mes me he inyectado químicos por valor de 4.958,92 euros, de los cuales yo no he abonado ni un céntimo. La farmacia del hospital público donde me tratan me los ha dispensado gratuitamente, añadiendo al paquete mucha amabilidad y un montón de buenos consejos. Nadie me informó del precio, lo he buscado yo para recordarme en qué país vivo, no perder de vista lo importante y armarme de razones para defender un Estado social en tiempos de demolición… y todo ha sido gracias a un consenso social alcanzado hace unas décadas en España: la universalización de la sanidad, un milagro que solo sucede en un club pequeño de países y por el que suspiran cientos de millones de desarrapados en los cinco continentes… Este consenso está amenazado por un populismo de derechas bien conocido, que levanta su ola sobre la amargura y el rencor legítimo de los precarios, de los parados y de todos los marginados. Es decir, de aquellos que no podrían pagar esos 1.246,48 euros y que, en caso de sufrir mi enfermedad, tendrían que resignarse al dolor y a la parálisis. Son los que tampoco podrían pagar un ciclo de quimio cuando el cáncer les visite… “.

Es paradójico e incomprensible que aquellos que menos tienen, muchos desfavorecidos, tiren piedras contra su propio tejado. Este año un vecino mío fue sometido a una intervención para que le fuera sustituida una válvula del corazón. Acudió a un centro no público y su seguro privado corrió con todos los gastos excepto el coste del diminuto dispositivo artificial: 24.500 euros. Afortunadamente, goza de una buena posición económica y pudo hacer frente al inesperado desembolso.

La sanidad pública crea mucha riqueza, puestos de trabajo siempre cualificados —incluso un celador, pieza clave del engranaje de un hospital, requiere un mínimo de formación—, desarrolla grandes programas de investigación y sostiene a las industrias farmacéutica y de equipamiento médico y hospitalario. Es una óptima inversión económica para una sociedad. Es una locomotora que remolca un tren que debemos cuidar. Sin embargo, el hospital español que, de largo, más trasplantes de corazón realiza al cabo del año, solo dispone de una máquina capaz de realizar TACs de aorta, por lo que la espera para esta exploración superaba los cuatro meses esta pasada primavera. Una economía como la región de Madrid tiene músculo suficiente para poder ofrecer a la ciudadanía una atención médica pública excelente. Pero hay que invertir, tener voluntad política de hacerlo y, por supuesto, racionalizar el gasto público. Hace unas semanas, una vieja amiga y compañera, durante muchos años jefe de prensa del mayor partido de la derecha, me tachaba de demagogo por censurar el gasto de 100.000 euros en que incurrió el gobierno regional de Madrid por un busto en bronce del jefe del Estado. Pieza que quedará arrumbada en cualquier pasillo o sala del edificio de la Puerta del Sol y cuyo único objetivo era la foto que se tomó la presidente de marras con el monarca. “… Además, cien mil euros no van a ninguna parte… “, me decía. Con ese dinero cualquier grupo de investigación hace gollerías o se cubren ochenta dosis del fármaco que necesita Sergio del Molino. Un grano no hace granero pero ayuda al compañero y muchos pocos de cien mil euros consiguen lo inimaginable.

Escribe Jabois por su lado, a colación de los devastadores incendios forestales de este verano: “… Cada árbol plantado por alguien llevaba parte de su vida: una dedicatoria a alguien fallecido o querido, un trozo de vida desgajado que se decidió que siguiese viviendo de otra manera a través del recuerdo… “. Este mes de julio, le regalé por su cumpleaños a un querido amigo de toda la vida un brinzal de arce negundo —en primavera había sido un roble carballo a otro gran amigo, que ejerce de gallego—. Creo que le hizo bastante ilusión. Me dice que le trae a la memoria los garbanzos que plantábamos con el profesor Tiberio en el colegio, la progresión de cuyas matas nuestro maestro nos planteaba como tema de odiadas redacciones escolares. Cuando nosotros ya no estemos y el arce esté en su emplazamiento definitivo, su nieta mayor, su ojito derecho, recordará a su abuelo en presencia de ese árbol tan especial. Yo, por mi parte, he plantado junto a la desembocadura del río Aguas, en Almería, una jacaranda dedicada a Helenita, nuestra pequeña mexicana de raices españolas. En primavera, esta especie, originaria de Argentina, inunda las calles de Ciudad de México con sus bellas flores de color añil o morado. Del riego del joven ejemplar se ocupa ahora su abuelo. En marzo de 2020, desde la ventana de su habitación, yo observaba, sobresaliendo por encima de las casas que cierran el vasto patio de manzana, las copas florecidas de las jacarandas, cuyos tonos, tan vivos, contrastaban con la grisura anímica que nos producía el confinamiento de aquellos días. Como narré en un artículo anterior, a la vuelta del verano del año pasado, a orillas del Tirreno, hubo fiesta familiar por la plantación de un madroño y una encina dedicados a Aurora y Leonardo, los pequeños de aquella estirpe. Risas, felicidad, y una sabrosísima lasagna elaborada por nonna Danila, hicieron de aquel día una jornada inolvidable. En septiembre, obsequiaré a una romántica amiga un brinzal de olmo, obtenido de las sámaras de uno de los pocos árboles que quedan en la glorieta del Ángel Caído del parque de El Retiro, tan cercana a su casa. Los árboles, amén de útiles y necesarios, más bien imprescindibles, son bellos, adornan y alegran el camino de nuestra vida y, para más inri, son mágicos. Yo llevo más de cuarenta años plantándolos. ¿Te animas tú, querido lector?

Bájenme los impuestos, que quiero pagar más

Julio Sánchez Mingo

 

 

Nadie da duros a pesetas. Si quieres un buen servicio, has de pagarlo. Aunque sea poco. Pero hay personas que prefieren desembolsar un dineral por un seguro médico particular —100-150 € al mes a partir de los 60 años, más lo que se haya de aportar por medicinas, intervenciones y pruebas no cubiertas en las pólizas— en lugar de satisfacer unas cantidades bastante menores en forma de impuestos, susceptibles de emplearse no solo en mejorar notablemente la sanidad sino también en otros servicios públicos. Los inyectables, las vacunas, de un tratamiento de inmunoterapia para la alergia, cuestan 400 € en la farmacia. Con la receta del Servicio Público de Salud, un ciudadano realiza una aportación inferior a ese importe, que es de 18 € en el caso de un jubilado. ¡Las ventajas de la masa crítica y del factor de escala! Por todo ello, podemos afirmar que las contribuciones particulares a la sanidad privada son como un caro impuesto ¡privatizado!¹

Además, no es oro todo lo que reluce. La asistencia primaria privada está atendida por miríadas de facultativos pasando consulta en pisos y pequeños centros médicos, desconectados de los especialistas y, no digamos, de los hospitales. Tampoco los hospitales privados de campanillas ofrecen una asistencia mejor, de más calidad, que cualquiera de los grandes centros públicos de Madrid. Lo he visto con mis propios ojos. Las compañías de seguros médicos se aprovechan de las listas de espera, el talón de Aquiles de la sanidad pública, algo que fomenta la propia administración regional madrileña con sus políticas sanitarias.

En Madrid, desde hace bastantes años, se ha ido desmantelando poco a poco la sanidad pública, especialmente la atención primaria, que es la clave de arco de todo sistema de salud que se precie. La covid-19 ha puesto de manifiesto la carencia de recursos, especialmente humanos, y la falta de inversiones por parte de la administración regional, gestionada por unos responsables más dados al pillaje y la corrupción que a atender sus obligaciones con los ciudadanos.

La pandemia ha demostrado que es necesario un estado fuerte. ¿Quién si no puede hacer frente a la compra de las vacunas que nos tienen que inyectar o a las multimillonarias ayudas a particulares y empresas? No es de recibo la eterna pretensión de la clase empresarial española de socializar las pérdidas y privatizar las ganancias, eludiendo el pago de impuestos o exigiendo su reducción o, incluso, su desaparición. La salud pública es algo de la colectividad, que nos afecta y compete a todos. Además, principios de solidaridad aparte, es evidente que somos interdependientes.

¿Cómo se puede ser tan irresponsable como para empeñarse en privatizar la asistencia sanitaria, algo en lo que nos va la vida?

Otro día hablaremos de Educación, donde se repiten ciertos esquemas.

El día 4 de mayo hay elecciones regionales en Madrid, donde se dirime el futuro de las políticas de Sanidad, Educación y Transportes, que son competencia de la Comunidad Autónoma.

Vela por tus intereses. Deja las filias y las fobias en casa. Vota con inteligencia, no con el corazón.

¹ El gasto mensual de Sanidad en Madrid en 2020, por cabeza, (todas las partidas, no solo la asistencia sanitaria, con medicinas incluidas) fue de 100,86 €. Muy por debajo del País Vasco e, incluso, de la media nacional. Fuentes: datosmacro.expansion.com y Estadística de Gasto Sanitario Público 2019 del Ministerio de Sanidad.