Impuestos

Julio Sánchez Mingo

 

Artículo 31.1 Constitución española.

Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

La deuda pública española gira alrededor del 120% del PIB. Todos los años machaconamente se repite un déficit de un 4%, tanto si la economía crece como si se contrae. La presión fiscal en España está un 6% por debajo de la media europea. Nuestro sistema tributario no es eficiente, ni redistributivo y tampoco es progresivo, por lo que la Constitución se convierte en papel mojado. Según datos publicados, el 20% de los colectivos más pobres sólo reciben el 12% de las transferencias del sector público. Se prima mucho a la gran empresa, cuya fiscalidad, con deducciones y desgravaciones varias, roza lo ridículo. La contribución al impuesto de sociedades de las grandes compañías españolas que cotizan en Bolsa (que el pasado año obtuvieron los mayores beneficios de su historia) se ha visto reducida, desde 2007, a menos de la mitad. Según Capgemini, los ricos son cada vez más ricos. Sus activos alcanzaron el año pasado 686.000 millones de euros, lo que supone un 5,3% más que en 2020. Estas cifras españolas son parecidas a las de los países de Europa del Este e impropias de la que se supone es la cuarta economía de la zona euro. Y, sin embargo, tampoco se reducen gastos superfluos como, por ejemplo, obras sin sentido, las millonarias subvenciones a los partidos políticos, que deberían vivir de las cuotas de sus militantes, o los ingentes salarios de los asesores que cada facción política nombra cuando ocupa el poder. Un ejemplo. Del gobierno catalán dependen 500 cargos, directivos de entes públicos y asesores que se embolsan 45 millones de euros anuales, unos 90.000 euros por puesto, por encima del salario del presidente del Gobierno o los ministros. Parte de ese dinero va a engrosar las arcas del partido que los elige, que recibe un porcentaje del salario de los afortunados que ocupan poltrona tras ser elegidos por la cúpula de la formación correspondiente. Siempre se recortan los servicios públicos críticos para el bienestar de los ciudadanos o la naturaleza, los que realmente importan, como el número de bomberos forestales, que además están muy mal pagados, a pesar de los incendios del verano pasado. O no se contrata a las más de 100.000 enfermeras que el sistema requiere. Las administraciones públicas tienen una tendencia desmedida al gasto a muy corto plazo, pan para hoy y hambre para mañana, en lugar de promover inversiones que creen riqueza. Tampoco manejan el concepto del buen mantenimiento de infraestructuras e instalaciones. Algo bien cuidado dura una eternidad y no hay que recurrir a onerosas sustituciones prematuras. Yo estoy escandalizado con las absurdas obras del ayuntamiento de Madrid.

La triste realidad es ésta. A pesar de ello, seguimos discutiendo unos y otros sobre si lo más apropiado es bajar o subir impuestos, una polémica más ideológica que racional, cuando lo propio es tener claro lo que se quiere hacer y hasta donde se quiere llegar, ver lo que cuesta y ajustar la fiscalidad de forma consecuente. ¿Aspiramos a vivir como en el norte de Europa o, por el contrario, mantener a duras penas el estado del bienestar y reducir algo la terrorífica y perversa desigualdad que empieza a abrumarnos? No debemos olvidar que la deuda hay que pagarla y que, con la inflación desbocada, cada día su carga es mayor.

Miremos un poco atrás. Nuestro Aznar, el ínclito e inefable hombre de las Azores, basándose en la curva de Laffer, siempre ha defendido, incluso en los últimos días, reducciones de impuestos. Según dicha teoría, al haber más capital circulando, se favorece la inversión, la creación de riqueza y puestos de trabajo, en definitiva, el crecimiento económico, lo que redunda a la larga en una mayor recaudación tributaria. La experiencia ha puesto de manifiesto que ese planteamiento, que aplicaron Reagan y Thatcher, se mostró ineficaz para mejorar los ingresos públicos y desembocó en déficits y deudas astronómicas y en un notable aumento del desempleo. Y Rajoy hubo de subir impuestos en 2012 a pesar de haber prometido en la campaña electoral previa que los bajaría.

Con todo ello, varias comunidades autónomas españolas, de distinto signo político, han emprendido una loca carrera por la reducción de tributos, donde las gobernadas por la derecha destacan por su apoyo descarado a las rentas y patrimonios altos. Y en Reino Unido, la semana pasada, Truss anunció una salvaje disminución de la carga fiscal, que beneficiaba muy especialmente a las clases más pudientes, lo que provocó un desplome de la libra, que hubo de ser rescatada por el Banco de Inglaterra, protestas generalizadas y una dura reprimenda del FMI. En paralelo, Philip Lane, el economista jefe del BCE, propugnaba subir impuestos a los más ricos, a aquellos con mayores ingresos y a las empresas más rentables y proteger a los más vulnerables. Resultado: esta semana la inquilina del 10 de Downing St. ha tenido que desdecirse, aunque lo ha hecho sólo en parte. A principios de esta semana, el consejero delegado de Shell, la mayor petrolera del mundo, ha animado a los Gobiernos europeos a imponer gravámenes adicionales a las empresas del sector para, con lo recaudado, ayudar a los segmentos más débiles de la sociedad.

Conociendo el percal, dada la calidad de nuestros gobernantes y la mala gestión de nuestras administraciones central, regionales y locales, creo que los servicios públicos serán peores y que, de una manera u otra, nos tocará pagar más por todo¹. Sánchez, Calviño y Montero, chicos obedientes y aplicados, harán lo que les indiquen desde el BCE y la Comisión Europea. De lo contrario, la debacle podría ser absoluta.

P. D. No es lo mismo tener ingresos muy elevados que atesorar un gran patrimonio. Gravar ambos no es doble imposición.

¹ Sigue teniendo vigencia mi artículo de abril de 2021 Bájenme los impuestos que quiero pagar más.