España, un país esclavista

Julio Sánchez Mingo

 

 

En contra de lo que muchos de sus ciudadanos piensan, España fue un país esclavista, que sometió a indios y negros, comerció con ellos y los explotó hasta la muerte en las posesiones de ultramar de la Monarquía Católica.

A pesar de las teorías del padre Vitoria y sus doctrinas sobre el derecho de gentes, que llevaron a la promulgación en 1542 de las Leyes de Indias, que establecían que los indios eran seres humanos libres y los ponían bajo la protección directa de la Corona, convirtiéndose en unos súbditos más del monarca, el ejercicio de la esclavitud en las colonias españolas se prolongó, con la trata de africanos, hasta bien entrado el siglo XIX. En Cuba en concreto, no llegaría la abolición definitiva y completa de este crimen contra la humanidad hasta 1886. Cuando esta aberrante práctica se suprimió en Puerto Rico en 1873, en la Perla del Caribe había casi 400.000 esclavos. A partir del establecimiento de dichas leyes de Indias, tampoco el trato dispensado a los nativos americanos por parte de criollos, colonos y terratenientes distó mucho de la esclavitud pura y dura. Minería y agricultura empleaban a trabajadores en condiciones de sometimiento absoluto.

En 1807, el Reino Unido prohibió en todos sus territorios el tráfico de seres humanos mediante la conocida Abolition Act, y, en 1833, hizo ilegal la compra o la propiedad de esclavos dentro del Imperio británico, con la excepción de Ceilán, Santa Elena y las circunscripciones administradas por la Compañía de las Indias Orientales. El dinero y otros intereses siempre estuvieron y están por encima de principios, ética y moral.

La presión británica hizo que la Corona española suscribiera un tratado bilateral en 1814 por el que se prohibía el comercio de esclavos, pero fue papel mojado y condujo a que los negreros subieran el precio del fardo y aumentaran el número de mujeres de cada flete para asegurar el mantenimiento de la especie. Los intermediarios, es decir, tratantes, armadores, capitanes e incluso marineros multiplicaron por diez sus ingresos en comparación con sus análogos de la flota mercante. A pesar de sus múltiples riesgos, era un pingüe negocio, como hoy en día el narcotráfico.

La abolición legal de la esclavitud en la España peninsular llegó en 1837, pero no a los territorios de ultramar. No se podía contrariar a los poderosos compradores de carne humana que se utilizaba en el campo y la manufactura.

Según relata Alfonso Mateo-Sagasta en su magnífico volumen Nación. La caída de la Monarquía Católica. Crónica de 1808 a 1837, en 1811, en las Cortes de Cádiz, se discutió sobre la abolición de la trata. A uno de sus adalides, Argüelles, inspirado, entre otras, por la obra de Cadalso Cartas Marruecas, se opusieron los representantes de los intereses de la Iglesia y de los latifundistas sacarócratas, que cínicamente manifestaban que la esclavitud es un instrumento divino que permite a los negros civilizarse, redimirse de su condición inferior y salvar su alma. Todo terminó en un fiasco, pues aunque el decreto abolicionista fue aprobado por unanimidad, no se reguló su desarrollo y cumplimiento. Como dice Mateo-Sagasta: “A las Cortes se les da bien predicar, pero no dar trigo”. El texto definitivo de la Pepa dictó que la nación española era la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios, que eran los varones avecindados, católicos y nacidos libres, lo que incluía a indios y mestizos bautizados. ¿Y los negros, tanto libres como esclavos? Con argumentos falaces, en la práctica no se los tuvo en consideración. Lo mismo se hizo con las mujeres, la mitad de la población.

Algún miembro destacado de la Monarquía Católica, como María Cristina de Borbón-Dos Sicilias —nieta de Carlos IV, viuda de su tío el rey felón Fernando VII, madre de Isabel II, reina gobernadora durante la minoría de edad de su hija, que hubo de ceder la regencia a Espartero y partir al exilio por sus escándalos de corrupción—, fue una conspicua negrera. Junto a su segundo marido Agustín Fernando Muñoz Sánchez, ennoblecido por ella como I duque de Riánsares, estableció en Cuba negocios relacionados con el comercio de hombres y mujeres y con los ingenios azucareros —que requerían mucha mano de obra, especialmente durante la zafra—, aunque los mayores beneficios los obtenían de la trata de esclavos. Cuando tal práctica ya era ilegal, se asociaron con el político y traficante de personas Julián Zulueta, para, entre 1845 y 1849, fletar dos buques de gran calado para el transporte transatlántico de cargas humanas, donde hacinaban a centenares de pobres desgraciados.

Añade Mateo-Sagasta que durante el viaje trasatlántico se les cortaban las uñas a los fardos de carbón para limitar las heridas que se infligían entre ellos en las peleas que se desataban en los sollados por conseguir espacio y aire. Previamente se les marcaba con hierro al rojo. Las pocas mujeres y crías que transportaban eran estibadas en cubierta, junto a las amuras. Los varones permanecían en los entrepuentes, amontonados y engrillados por parejas, sentados en hileras, uno entre las piernas de otro. Los cargamentos eran de unos cuatrocientos a seiscientos negros jóvenes, a ser posible varones, de no más de veinticuatro años de edad. Hubo fletes de adolescentes e, incluso, de niños de alrededor de siete años. El índice de mortalidad durante el traslado casi alcanzaba el 15%. Los tiburones seguían a los barcos negreros tras su estela de muerte y pestilencia, como si fueran bancos de atunes. Cuando una goleta negrera era acosada y alcanzada por un navío de la Royal Navy que vigilaba el cumplimiento de los tratados abolicionistas —como el célebre HMS Black Joke—, su capitán ordenaba desembarazarse de sus infelices prisioneros, arrojándolos al agua. Al ser apresada y registrada, los marinos británicos sólo podían comprobar la existencia a bordo de avituallamiento suficiente para quinientos hombres durante veinte días, grilletes en todo el perímetro de la bodega, las tomas de ventilación cegadas con rejillas de hierro y percibir un hedor insoportable. Pero, al no haber carga, no había delito.

La vida de un esclavo en un ingenio cubano era una pesadilla. En pie a las cuatro de la mañana, a las seis ya estaba cortando caña en el campo, hasta mediodía. Al toque de campana, se distribuía el salcocho, unas gachas de harina de maíz con boniato, plátano y cecina o bacalao. Tras la pausa del almuerzo, volvía a la faena hasta las cuatro, cuando regresaba al ingenio siempre cargado con forraje para las caballerías, racimos de plátanos verdes, calabazas, haces de leña o palmiche para los gorrinos. Si se desmandaba a juicio del mayoral, incluso levemente, restallaba el cuero en sus lomos. Si la falta era grave, recibía un bocabajo de veinticinco o cincuenta vergajos que terminaba con su espalda en carne viva, que había que curar con compresas de sal, orina y hojas de tabaco. Hasta medianoche, en el trapiche, se prensaba la caña para obtener el guarapo, que se trasegaba hasta las pailas donde se ponía a hervir. En la sala de calderas, el calor y el humo negro y pegajoso hacían el aire irrespirable, adormecía a los esclavos y, por tanto, eran frecuentes los accidentes. Quinientos hombres, exhaustos, podían ser manejados por un mayoral y cuatro ayudantes. Su única esperanza era la muerte.

En Cuba siempre se obró para sortear los convenios de abolición. Cómplice era el capitán general de la isla, que miraba hacia otro lado, consentía el desembarco y distribución de esclavos y se embolsaba una comisión de dieciséis dólares por cabeza. La Habana era una ciudad de mansiones, teatros a la última y lujosos bailes. Una sociedad de esclavistas y negreros, entre los que destacaba el afamado Pedro Blanco, a la que se unió la corrupta María Cristina con su guardia de Corps, con el que había contraído matrimonio morganático al poco de enviudar del rey de las Españas, como se ha indicado más arriba.

En Cuba y Puerto Rico, las damas de la alta sociedad pujaban por comprar esclavas negras, jóvenes, sanas y recién paridas, con cría o sin cría, para utilizarlas como nodrizas de sus propios vástagos. Con el tiempo, una vez cumplida su misión, se las alquilaba como sirvientas, costureras o, nuevamente, como amas de leche.

Para garantizar las rentabilísimas producciones de azúcar, café y tabaco, la Constitución de 1837 rindió sus afanes igualitarios. No queriendo prescindir de los suculentos ingresos que ofrecían las Antillas a la ruinosa caja de la hacienda pública española, se optó por declararlas colonias de la nueva nación, no provincias, y perdieron su condición de bienes patrimoniales de la vieja Monarquía Católica. A partir de entonces, se rigieron por leyes especiales, no siendo de aplicación la Constitución, lo que permitió mantener la esclavitud en su territorio.

Bueno es que conozcamos lo que somos y de dónde venimos. No es de extrañar que escuchemos: “Mi jefe es un negrero”, o que cuando alguien se comporta de forma prepotente se le diga: “Anda, no me seas negrero”.