Altea, siglo XXI. Sin saneamiento

Julio Sánchez Mingo

 

En 1950, Deleitosa, en la provincia de Cáceres, carecía de agua corriente, alcantarillado y saneamiento de sus aguas residuales.

En Altea, una de las mecas del turismo valenciano, alicantino por más detalles, en 2023, ya avanzado el siglo XXI, las viviendas de cientos de sus pobladores veraniegos, muchos de sus residentes permanentes y unos cuantos establecimientos hosteleros no están dotados de sistemas de tratamiento modernos y eficaces de sus aguas fecales, que son vertidas a fosas sépticas. Una depuración de aguas deficiente va asociada a la transmisión de enfermedades diarreicas como el cólera y la disentería, así como la fiebre tifoidea, las lombrices intestinales y la poliomielitis. También agrava el retraso del crecimiento y contribuye a la propagación de la resistencia a los antimicrobianos.

Pero, ¿que ha hecho este consistorio para ofrecer un servicio urbanístico básico como el saneamiento a las personas que desde 1966 se alojan en uno de los complejos de apartamentos de la partida de Cap Blanc, una de cuyas construcciones no creo que baje de los cincuenta metros de altura, es la más alta de la localidad —no pasa desapercibida— y es el emblema del desarrollismo turístico del municipio? ¿Y a las que se han ido sumando, como varios edificios de apartamentos, un extenso camping y la clientela de bares y restaurantes? Nada, a lo sumo poner pegas y quitarse el problema de encima de mala manera, haciendo uso de todo tipo de argucias legales para lavarse las manos. Así han forzado a que dicho camping y un quiosco de comidas de afluencia multitudinaria se hayan tenido que conectar a la red de Alfaz del Pi, término colindante y distante, en este segundo caso, 650 metros. Por el gobierno alteano han pasado en los últimos decenios Compromis, PP y PSOE, algunas veces apoyados en agrupaciones variopintas o formando coaliciones de distinto pelaje. Todos cortados por el mismo patrón, a juicio de este comentarista.

La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece las competencias de las entidades locales. De entre todas ellas, cabe destacar las competencias en materia de medio ambiente urbano, parques y jardines públicos, gestión de los residuos sólidos urbanos, así como el abastecimiento de agua potable a domicilio y la evacuación y el tratamiento de las aguas residuales.

En particular, entre las actuaciones que deben realizar los municipios en materia de saneamiento se encuentran las siguientes:

• Prestación del servicio de alcantarillado.

• Planificación de la red municipal de alcantarillado, de acuerdo con la planificación urbanística.

• Construcción de la red municipal de alcantarillado, así como su mantenimiento.

• Establecimiento de las correspondientes tarifas del servicio de alcantarillado.

• Control de los vertidos a las redes municipales.

• Establecimiento de las zonas que deben contar con sistemas de saneamiento individual, debido a que la red municipal de alcantarillado no las alcanza.

• Elaboración de los proyectos de obras, tanto de las redes de saneamiento como de las estaciones depuradoras de aguas residuales, EDARs.

• Ejecución de los proyectos de obras de las redes de saneamiento y de las EDARs, financiando estos proyectos con cargo a sus fondos.

• Gestión de todas estas instalaciones, y en especial de las EDARs, gestión que puede realizarse de forma conjunta con otros municipios.

La titularidad municipal del servicio no implica que la gestión de las EDARs deba ser llevada a cabo por los ayuntamientos directamente, pudiendo encomendarse estas competencias al sector privado y crear mancomunidades o consorcios que optimicen la prestación del servicio de abastecimiento y saneamiento.

Generalmente, con el pago del suministro de agua potable se satisfacen también los costes de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. Así funciona en Altea, donde es Aguas de Altea, empresa creada en 2008, la que gestiona los servicios de titularidad del ayuntamiento de la localidad integrados en el denominado ciclo integral del agua —abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado y bombeo de aguas fecales—. Sarcástico resulta que en la presentación de la página web de esta sociedad se diga que: “… A través de la gestión desarrollada por Aigües d'Altea, el Ayuntamiento vela porque todos los ciudadanos tengan garantizada, en las mejores condiciones, la prestación de este bien básico y fundamental… ”.

Seguramente a causa de la falta de un plan parcial de urbanismo de la zona que nos ocupa, y que nadie está interesado en desarrollar, ni los vecinos ni la corporación municipal que no ha estado dispuesta desde hace muchos años a invertir un solo euro en mejoras para esa zona más que consolidada, nos encontramos en una situación que se podría calificar de kafkiana, que ofende el sentido común.

Al parecer, según lo comunicado verbalmente por funcionarios municipales en una reunión mantenida en el pasado mes de marzo, el mayor de los complejos turísticos de Cap Blanc, al que he hecho referencia más arriba, se encuentra fuera de la legalidad, en situación de fuera de ordenación, lo que significa que el edificio no se ajusta al planeamiento urbanístico vigente, Plan General de Ordenación Urbana de Altea, debido a que no dispone de los servicios mínimos que establece la ley (Artículo 186 y siguientes de la LOTUP). Ello impide la concesión de cualquier licencia urbanística, sea del tipo que fuere, incluso de obra menor, siendo necesario para este fin, y sin perjuicio de lo dispuesto por dicho plan general, dotar a los elementos que comprenden ese complejo de suministro de agua potable así como de tratamiento de aguas residuales conforme con lo establecido por las normas en vigor.

¿Quién es el culpable de que desde el año 1966 no se haya actuado de forma correcta, de acuerdo con la Ley? ¿Por qué el ayuntamiento de Altea no se asoció con el de Alfaz del Pi cuando se urbanizó el núcleo del Albir para ofrecer de forma conjunta los servicios relativos al tratamiento de aguas residuales de los espacios colindantes, el nuevo desarrollo urbanístico y la partida de Cap Blanc? ¿Para qué sirve la diputación provincial? ¿Por qué han tenido que ser algunos vecinos los que negociaran y obtuvieran el tratamiento de aguas residuales del municipio adyacente? Me pica la curiosidad saber si en el recibo del agua potable que pagan sus fincas se les incluye también el coste del saneamiento. Sería el colmo de la desfachatez.

Para poner la guinda al pastel, todo el frente litoral de la partida de Cap Blanc fue dotado hace pocos años por la Dirección General de la Costa y el Mar —vulgo Costas, que asume la gestión del dominio público marítimo-terrestre y el desarrollo de las políticas de conservación de la costa y el mar—, de un pretencioso paseo marítimo, que carece de alcantarillado. Un enrejado al borde de la calzada recoge las aguas pluviales y todo tipo de residuos, de forma que se ha ido colmatando el terreno subyacente. Como resultado, en cuanto caen dos gotas, los charcos y balsas dificultan y hacen peligrosa la circulación de vehículos.

PD. Por su interés, incluyo el enlace a un artículo que analiza la situación legal de los vertidos incontrolados que se realizan tanto al Dominio Público Hidráulico como al Dominio Público Marítimo Terrestre o, directamente, al medio más insospechado: núcleos urbanos, monte público, zona de labranza, coto privado de caza o cualquier otro lugar no habilitado para vertido alguno. Todo ello con conocimiento de toda la sociedad.

https://elderecho.com/responsabilidad-de-los-entes-locales-en-materia-de-vertidos-de-aguas-residuales-una-vision-de-conjunto