Sanidad pública: el gran negocio

Carmen García Delgado

A Emilio García Delgado (1953-2017), in memoriam, y a quienes como él luchan por defender los servicios públicos

Hace dos semanas me llegó la noticia de la muerte del doctor Luis Montes. Seguro que lo recuerdan. Lamentablemente, no por su larga y entregada carrera profesional, sino por el falso caso de las sedaciones de Leganés.

El 11 de marzo de 2005 se inició el mayor ataque que se conoce a una institución pública, orquestado desde los organismos responsables de su funcionamiento y tras dar pábulo a una denuncia anónima.

Por cierto, esas denuncias habían sido investigadas previamente sin encontrar irregularidades.

Luis Montes, el personal del centro y el propio Hospital Severo Ochoa fueron sometidos a una brutal campaña de desprestigio, de acoso.

Han pasado muchas cosas en la sanidad madrileña desde aquel nefasto 11 de marzo.

Hace unos años, un consejero de Sanidad organizó un desayuno en el hotel Ritz de Madrid. La convocatoria rezaba: “Aproveche las oportunidades de negocio para su empresa”. Se trataba de informar a las empresas interesadas de las oportunidades de negocio que ofrecía la sanidad pública, e invitarlas a subirse a la “ola privatizadora”, en palabras del propio consejero. Como dice el Gran Wyoming: “La salud vista en términos mercantiles no es una oportunidad de negocio, es el mayor de todos los negocios imaginables”.

Se construyeron siete hospitales públicos, modelo PFI¹ de cooperación entre el sector público y el privado. Sin entrar en otros análisis, en el año 2012 la Consejería de Sanidad planteó la venta de seis de estos centros, la conversión del Hospital Universitario de la Princesa en un centro de crónicos, etc. La ejemplar Marea Blanca, movimiento que aunó a profesionales sanitarios y a la ciudadanía, consiguió pararlo.

Pero el desmantelamiento y la privatización de lo público continúa. No de una forma tan obvia como en 2012, menos visible, pero permanente. Los distintos informes de Audita Sanidad² así lo atestiguan; les invito a consultarlos.

Mientras asistimos al deterioro de los hospitales públicos (techos que se caen, cañerías que revientan ...), se incrementan los presupuestos asignados a los hospitales gestionados por entidades privadas. Se introducen nuevas fórmulas de contratación de la gestión del servicio público y se firman contratos a ¡30 años!, como en el caso de los hospitales modelo concesión administrativa³, todos ellos de titularidad privada.

¿Qué trascendencia tiene firmar un contrato a 30 años? La más obvia es que asegura la estabilidad del negocio para el contratista; la reversión del servicio, como han hecho recientemente en la Comunidad Valenciana, es inviable, salvo en los casos de rescate previstos por la ley. ¿Por qué? Al rescindir el contrato por causas diferentes a las que la legislación prevé, hay que abonar al contratista una indemnización por los ingresos que deja de percibir. Se pueden imaginar el importe de ésta en contratos con tan largo plazo de adjudicación.

En tanto se aseguran las cifras de negocio para el sector privado, las condiciones de trabajo del personal del Servicio Madrileño de Salud empeoran. Las personas que defienden el sistema público, que luchan por los intereses de la ciudadanía, que no conciben que en un servicio público se hable de cifras de negocio, están sometidas a un estrés que se paga caro. Como le pasó a mi hermano, Emilio, el mejor médico que he conocido, la persona más honesta y fiel a sus principios, luchador infatigable, imprescindible.

Cuando las mejores personas son perseguidas, cuando se pagan precios tan altos por defender a quienes están en situación de vulnerabilidad, cuando las cifras de negocio se apoderan de lo público tenemos que alzar nuestra voz. Los derechos se deben ejercer y reclamar.

Los servicios públicos son imprescindibles; nuestra salud, educación y acceso a la justicia no pueden depender de lo abultado, o no, de nuestra cuenta corriente. El doctor García Delgado, mi hermano, lo tenía muy claro y peleó por ello. Su ejemplo me guía en mi cotidianeidad.

¹ El modelo PFI de cooperación público privado se inició en Inglaterra durante el gobierno Blair. En el caso de la Comunidad de Madrid, supone que las empresas adjudicatarias “adelantan” el dinero de la construcción de los hospitales. Este préstamo les será devuelto en un determinado período mediante el pago de un canon anual, además de otorgarles la explotación de servicios considerados no sanitarios como aparcamientos, tiendas … Según denuncia la Plataforma Contra los Fondos Buitre, dos de estos hospitales modelo PFI se encuentran ya en manos de estos fondos.

² Audita Sanidad es un grupo de trabajo para la auditoría ciudadana de la deuda en sanidad. http://auditasanidad.org. Aparece en  Twitter y Facebook con ese nombre.

³ La concesión administrativa supone que a una determina entidad privada se le encarga la asistencia sanitaria de un ámbito poblacional, percibiendo ésta a cambio un importe determinado por cada persona de ese ámbito (cápita). Aparte perciben una contraprestación económica por todas aquellas personas que hayan atendido que no pertenezcan al ámbito poblacional asignado.

Carmen García Delgado es internista y médica inspectora.