Comunidades de vecinos

Julio Sánchez Mingo

Hay vecinos que matarían por un euro. Sin embargo, se dejan sisar o timar cientos de euros por los gestores de su comunidad. La ignorancia, la incultura, la dejadez, la desidia, el qué más da, incluso en ocasiones la vanidad, la presunción, son factores que permiten esos injustificados y hasta criminales hechos. Según la ley, las funciones del presidente de una comunidad de vecinos —que no deja de ser es un copropietario más— son: representarla ante los tribunales de justicia, convocar la junta fijando los puntos del orden del día, presidir la correspondiente asamblea y cerrar el acta que refleje los acuerdos alcanzados. Extralimitaciones de los titulares de este cargo representativo se dan todos los días en infinitud de colectividades de toda España, con la aquiescencia, la pasividad, la cooperación o la complicidad del administrador de fincas de turno. Las tareas que dictan las normas legales para éste son:

• Velar por el buen régimen de la casa, sus instalaciones y servicios, y hacer a estos efectos las oportunas advertencias y apercibimientos a los titulares.

• Preparar con la debida antelación y someter a la junta el plan de gastos previsibles, proponiendo los medios necesarios para hacer frente a los mismos.

• Atender a la conservación y entretenimiento de la casa, disponiendo las reparaciones y medidas que resulten urgentes, dando inmediata cuenta de ellas al presidente o, en su caso, a los propietarios.

• Ejecutar los acuerdos adoptados en materia de obras y efectuar los pagos y realizar los cobros que sean procedentes.

• Actuar, en su caso, como secretario de la junta y custodiar a disposición de los titulares la documentación de la comunidad.

• Todas las demás atribuciones que se le confieran por la junta.

Sin embargo, se hacen obras por importe de miles de euros sin autorización del órgano soberano y ejecutivo, la junta de propietarios. Casi siempre no son urgentes ni de mantenimiento ni de ejecución obligada por la ley. Incluso no se solicita licencia municipal aunque sea preceptiva. En casi todas partes prima la política de hechos consumados. Nadie quiere meterse en camisas de once varas y en España la justicia es muy lenta y farragosa como para andar impugnando acuerdos o denunciando irregularidades. Las actas de las reuniones muchas veces no responden a lo hablado o acordado, llegando a reflejar justo lo contrario.

Un par de casos reales de nefasta gestión, verdaderamente sangrantes. Se contrata a un portero y se dan las pertinentes instrucciones al administrador para que sea dado de alta en la Seguridad Social, según indica el acta de la correspondiente sesión, mandato que es saltado a la torera. Pasan los años, el empleado fallece y su viuda demanda a la comunidad. La multa impuesta hace crujir los cimientos del edificio. Al final, el incompetente e indolente administrador tiene que hacer frente al pago de ese dineral porque el cabal acuerdo del alta del trabajador constaba en acta. El mismo administrador, sin encomendarse ni a dios ni al diablo, ordena talar un árbol porque algún propietario protesta porque le oculta las vistas. Resultado: multa del ayuntamiento que, por el momento y si nadie lo remedia, ha pagado el conjunto de los vecinos. Aunque parezca mentira, el gestor de marras, el mismo en ambos ejemplos, que también hace obras sin aprobación de la propiedad ni licencia municipal, sigue trabajando para ese sufrido y estulto vecindario.

En la mayoría de las fincas la buena conservación y el mantenimiento brillan por su ausencia, por lo que a la larga no queda más remedio que acometer obras que hubieran sido innecesarias de haberse hecho las cosas bien y a tiempo. Las obras no se supervisan adecuadamente, la calidad de su ejecución y de los materiales empleados suele brillar por su ausencia, se contrata a la baja con chapuzas, no con auténticos profesionales, y generalmente carecen de buen gusto. En el portal de casa hay tres rótulos, cada uno de ellos con diseño y estética diferente. Poco a poco los inmuebles se van deteriorando. Me fijaba el otro día en unas rampas construidas hace pocos años que se han desintegrado —literalmente— por utilizar un mortero de una clase infame.

Hay un grave problema de fondo. Los honorarios de los administradores de fincas son muy bajos, por lo que estos tratan de redondear sus ingresos con las comisiones por la contratación de obras, arreglos, mejoras innecesarias y suministros varios, especialmente el del combustible para las calderas de la calefacción y el ACS. Lamentablemente, en este país la corrupción no está socialmente mal vista y no se censura hasta que alcanza cotas siderales. Hay mejoras absurdas como instalar un pasamanos adicional en unas escaleras que ya tienen uno. Escaleras que no usa nadie, excepto el que suscribe que es el único chiflado que sube a pie, porque el edificio está dotado de ascensores. Para más inri, ahora tenemos dos pasamanos de diseño y estética distintos, uno a cada costado. El latrocinio puede ser todavía más oneroso para el bolsillo de los comuneros cuando presidente y administrador están conchabados.

La mayoría de las cuentas que se presentan a la aprobación de la junta suelen ser ininteligibles e incompletas, incluso para financieros avezados. Los criterios de reparto de los gastos —por partes iguales, por coeficiente o por consumo— en algunas ocasiones son irracionales. No responden al principio básico de que cuanto mayor es la superficie de un piso, más cabida tiene y, por tanto, puede haber más personas haciendo uso de los recursos del inmueble y sus instalaciones y servicios. Aunque hay costes que no están asociados a la superficie dada de una vivienda o local.

Los árboles son casi siempre un origen de conflictos. La ignorancia de ayuntamientos, promotores inmobiliarios, constructores, administradores, jardineros y vecinos en lo relativo a sus características, su crecimiento y al máximo porte que pueden alcanzar, provoca situaciones de enfrentamiento y frecuentemente termina con la tala de magníficos ejemplares, inocentes de la estupidez humana. En los tres vecindarios en los que estoy involucrado se han erradicado plantas injustificadamente. Las víctimas han sido píceas, un soberbio pino piñonero y varios algarrobos. Nunca se ha consultado a las correspondientes juntas de propietarios. En la última reunión a la que he asistido, una comunera de mediana edad se quejaba de que el terreno sobre el que se asienta la urbanización es de una calidad pésima —cascotes, vertidos, residuos metálicos— y que por este motivo las plantas no crecen. Sin embargo, un pino, en menos de treinta años, cubrió una fachada, fue condenado a muerte y ejecutado. Eso sí, sin proceso judicial con un mínimo de garantías. También hay un pinabete que me temo que tendrá el mismo trágico final. Al mismo tiempo otros asistentes censuraban al ayuntamiento por la forma en que se podan unos plátanos de sombra plantados en la amplísima calle peatonal que bordea la finca. No saben ni lo que quieren ni lo que dicen. Al final llegué a la conclusión de que les gustaría que la copa de esos árboles esté tratada como la de los ejemplares de la misma especie de La Concha de San Sebastián, algo para lo que se ha llegado demasiado tarde, pues su tamaño es considerable, han crecido mucho a pesar del suelo que criticaba la edafóloga. Los jardineros de hoy día solo saben cortar el césped y podar setos, armados de potentes y ruidosas herramientas mecánicas. Plantar y cuidar con mimo las especies vegetales no forman parte de su vocabulario.

Regular el uso de las piscinas y decidir sus horas de apertura y su calendario anual son objeto de tensos debates. En los condominios todo se prohíbe. Están plagados de cartelitos del tipo Propiedad privada, prohibido el paso, Perros no, No jugar al balón, No hacer uso de la piscina en las horas de descanso, No pisar el césped, No tirar colillas ni despedicios, Hagan uso de las papeleras, Respetad las plantas... Así hasta el infinito. Todo el mundo hace caso omiso, las papeleras están vacías y veo a un zafio conserje arrojar colillas al suelo.

Los estatutos, aunque se incorporen en la división horizontal de la finca y formen parte del título de propiedad de cada piso o local, generalmente no se respetan. ¿Para qué?

Capítulo aparte merecen las asambleas de copropietarios. De chaval me gustaba acompañar a mi padre a las juntas para ver como se peleaban los concurrentes. En una ocasión casi llegaron a las manos dos —a priori—respetables señores: un registrador de la propiedad y un ingeniero de caminos. En las sesiones la gente se atropella y no se respeta el turno de palabra. Todos gritan al tiempo. Las señoras chillan con insoportable voz aguda que perfora el tímpano del más pintado y los hombres, violentos ellos, amenazan. Parece que aquel que más vocifera es el que se lleva el gato al agua. Salen a relucir odios, contenciosos y viejas disputas. Unos y otros se agrupan en clanes que mantienen posiciones irreductibles. El administrador más cínico, gracias a su piquito de oro, termina diciendo y haciendo lo que le viene en gana. Ya veremos en qué termina el enfrentamiento entre la edafóloga y un señor que el otro día, en mitad de la discusión general, le afeó su conducta de aparcar en un lugar prohibido. Ella se revolvió como una hidra afirmando que lo haría cuantas veces le apeteciera.

Para terminar, una anécdota que tiene su miga, digna de una antología del disparate y que demuestra la poca consideración y estima que se tienen unos vecinos a otros y el administrador a todos ellos. La última junta ordinaria anual mantenida tuvo lugar con los asistentes de pie —en posición erecta—, en la calle, en el exterior de uno de los portales, en una zona ajardinada que da a la vía pública, eso sí, dentro del recinto de la urbanización. Continuamente era interrumpida por otras personas que pasaban por medio de aquello que parecía un encuentro de amiguetes. Hay que aclarar que en ese mismo portal hay un local con sillas donde estaba convocada y donde se ha celebrado en otras ocasiones y que en los bajos del edificio hay unos amplios soportales al aire libre, por lo que la COVID no justifica el dislate. Alguna de las señoras presentes superan los setenta años y a un niño como yo le gusta conversar y dialogar sentado, aunque el diálogo entre comuneros es muy difícil.