Marita García y Juan Sumer

Julio Sánchez Mingo

Enero 2017

La relación de Marita García, de Totana (Murcia), Barbara Rey en el mundo del espectáculo, y el exjefe del Estado Juan Carlos de Borbón, que esta semana pasada Okdiario y algunas cadenas de televisión, en sus programas de máxima audiencia, nos han narrado, incluye todos los ingredientes de una muy buena novela negra: adulterio, chantaje, intervención de los servicios de información, amenazas, allanamiento de morada, dinero, bancos de Suiza y Luxemburgo, nidito de amor sostenido con fondos públicos, imágenes y documentos sonoros comprometedores, utilización de un menor con un fin pérfido, personajes interpuestos y uso indebido de fondos reservados. Sólo le falta algún cadaver en la morgue. Esperemos que la sangre no llegara o llegue al río.

A tenor de lo relatado, los cuerpos de inteligencia no estuvieron avispados ni diligentes por no advertir al rey que se metía en camisas de once varas cuando iniciaba su amorío con una señora de la calaña de la que ha hecho gala nuestra protagonista a lo largo de los años. Aunque no sé si tal aviso hubiera servido de algo ante, según cuentan, el capricho y la bragueta fácil de un irresponsable que en sus devaneos compartía información sensible.

La posterior actuación de los servicios de información es inaceptable. No se puede usar personal y recursos públicos para deshacer entuertos privados. Un rey en la cama es un particular. Además no afecta a la seguridad del estado que se sepa y se confirme que un monarca tiene una aventura extramatrimonial. Si éste considera inapropiado el conocimiento público de hechos de esta índole, siempre tiene la opción de abdicar.

Los fondos reservados deben destinarse a la defensa del Estado, no a ocultar los trapos sucios de los servidores públicos. De lo contrario se puede incurrir en un delito de malversación de caudales públicos. Rafael Vera terminó en la cárcel por aplicar esos fondos a actividades ilícitas. El Tribunal Supremo consideró probado que se lucró personalmente.

A un jefe del Estado hay que exigirle ejemplaridad y un acatamiento estricto de la legalidad Su posición no puede ni debe implicar una patente de corso para hacer de su capa un sayo, como si estuviéramos en la Edad Media. Tampoco es razonable la condición que otorga al rey nuestra Constitución: inviolable y no sujeto a responsabilidad. Debería ser como en USA, donde existe el impeachment. Que se lo pregunten a Nixon, que renunció cuando lo fueron a procesar. Y no pasó nada. Asumió la presidencia otra persona y aquí paz y después gloria. Urge reformar la Ley Fundamental española y modificar sus artículos 1.3, todo el título II y demás relacionados.

Tertulianos defensores a ultranza de Juan Carlos de Borbón argumentan que los presuntos delitos estarían prescritos y que, en cualquier caso, se le debe un respeto y un reconocimiento por la Transición, por haber traído la democracia a España. Yo creo que la previa actividad benefactora de un malhechor no le exime de culpa.

Esta triste y sucia historia, de ser cierta, dejó tres víctimas. Una señora, un niño y el bolsillo de los contribuyentes. Prefiero no hablar del descrédito de las instituciones y su máximo representante y que la fuente de legitimidad del jefe del Estado actual pudiera ser la herencia de un indigno.

Nota del autor. Sumer es el acrónimo de su majestad el rey que, al parecer, usaba Juan Carlos de Borbón para presentarse en sus llamadas telefónicas.

Comentario

No tiene desperdicio el artículo de Pilar Urbano publicado esta misma semana en EL ESPAÑOL:

http://www.elespanol.com/reportajes/20170122/187981208_0.html

No hubiera imaginado yo, por lo que relata, que altos cargos, y hasta un cura, confesor y consejero espiritual del entonces rey, se dedicaran a la alcahuetería.

Recomiendo su lectura a todo aquél que no esté al tanto de toda esta trama.