La cesión del patrimonio colectivo. México y España

Julio Sánchez Mingo

Abril 2016

Domingo 27 de marzo de 2016. Playa de Akumal, Estado de Quintana Roo, México. Unos lugareños irrumpen en la playa, en manifestación, por el único acceso público existente en la zona. Al parecer la Municipalidad, en definitiva la Administración Pública competente, quiere privatizar una parte del dominio marítimoterrestre y entregarlo en concesión a unos inversores para la construcción de un hotel.

La parcela, de una finísima y blanca arena de playa y cuajada de cocoteros, está rodeada por una cerca de malla metálica, cubierta por un plástico negro para impedir la visión del interior, y coronada por una concertina. Los paisanos, que reivindican el uso público de las playas y su dominio terrestre y el derecho a disfrutar de la sombra de las palmeras, como han hecho desde hace miles de años, han doblado las púas y rasgado el plástico. 

En el interior hay una legión de guardas de seguridad, de espaldas a la valla metálica para que no se les vea la cara y puedan ser reconocidos, que controla que nadie salte al recinto. Paradójica, y sarcásticamente, el ayuntamiento se llama Solidaridad.

La playa, en su día, debió ser paradisíaca. Ahora hoteles construidos en su mismo borde, sobre la arena del dominio marítimoterrestre, clubs de playa y casetas de servicios turísticos la afean enormemente. ¡Y es un lugar de desove de tortugas!

Las administraciones públicas deberían financiarse exclusivamente con los tributos de los ciudadanos. Pero como su gestión no es lo eficiente que debería y está lastrada por la corrupción, la mala administración y el electoralismo, que lleva a ofrecer el oro y el moro, vivir por encima de sus posibilidades e incurrir en gastos superfluos, han de recurrir a vías de financiación alternativas que incluyen la cesión, en venta o concesión, del patrimonio público, del patrimonio colectivo, y la recalificación urbanística de espacios naturales y urbanos de especial interés para toda la sociedad.

Esto sucede en México. La situación en España es exactamente la misma.

Un gobierno en funciones prorroga la concesión por ¡60 años más! a una contaminante fábrica de celulosa que ocupa el lugar al que acudían los lugareños a ganarse el sustento mariscando, en un entorno que hace muchos años fue bellísimo. El ministerio de Defensa vende en Madrid 27 hectáreas del Parque de Ingenieros de San Fernando para la construcción de viviendas, y así poder reforzar sus maltrechas arcas, al igual que sucederá con la prevista Operación Campamento o con el solar de la antigua cárcel de Carabanchel. Millones y millones de metros cuadrados de terreno público, patrimonio de todos, enajenado para compensar el dinero perdido por la mala gestión, los gastos superfluos y la corrupción. Además, pan para hoy y hambre para mañana. 

La justificación que nos ofrecen los políticos, tremendamente demagógica, es siempre la misma. Aumenta la actividad económica y la  creación de puestos de trabajo. Nunca dicen que tanto la una como la otra pueden, y deben, ser compatibles con la preservación del medio ambiente y la conservación del patrimonio colectivo.

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